Existen multitud de causas por las que se puede pedir al juez el desahucio del inquilino, pero de entre todas ellas me voy a centrar en dos:

  1. Impago de rentas o suministros, que da lugar al desahucio por impago de alquiler o también llamado desahucio por falta de pago.
  2. Finalización de contrato, que da lugar al desahucio por expiración de plazo.

En concreto, es el artículo 27.2 LAU el que permitirá al arrendador o propietario interponer una demanda de desahucio por impago de rentas o de otras cantidades (suministros, comunidad, etc).

El juicio de desahucio por impago de alquiler (y por fin de contrato) es del tipo “declarativo” que se tramita por los cauces de juicio verbal.

Así que el desahucio por impago se denomina socialmente “desahucio expres” desde el momento en que la ley permitió tramitar los desahucios (por impago y por fin de contrato) por la vía del juicio verbal, dejando de tramitarse por la vía del juicio ordinario.

El llamado juicio ordinario se aplica cuando queremos desahuciar al inquilino o arrendatario, pero por otros motivos, como haber subarrendado, hacer ruidos, tener animales en la vivienda estando prohibido, etc.

Una vez que el arrendador no ha tenido éxito pidiendo amistosamente al inquilino que le pague la renta, lo primero que cabe plantearse es mandarle un burofax o requerimiento de forma fehaciente. En muchas ocasiones este mecanismo surte efecto y el inquilino paga.

Sino ya nos planteamos la posibilidad de recurrir en un juicio de desahucio y reclamación de rentas.

El inquilino puede enervar la acción del arrendador pagando lo que debe. En caso de no pagar hay el lanzamiento del inquilino de la vivienda y la condena al pago de las rentas, los intereses y las costas.